viernes, 8 de junio de 2018

El ABC de la huelga de los camioneros en Brasil: la crisis tridimensional

Arsinoé Orihuela Ochoa 

Brasil está roto. La reciente huelga de los camioneros –que tuvo una duración de diez días y que los analistas calificaron de “histórica”– dejó apreciar la gravedad de la fractura. Brasil está roto porque lo rompieron. “¿Y quiénes rompieron al ‘gigante del sur’?” Ésta es la pregunta que a bocajarro todos quieren responder. No obstante, sin menospreciar la relevancia de las posibles respuestas, sostengo que es insuficiente señalar nombres y apellidos. Es necesario rastrear las lógicas e intereses que intervienen en la trama. Si bien es cierto que desconfío de la palabra “crisis”, acaso porque evoca tantos significados, en esta oportunidad, y por razones prácticas, consideré oportuno caracterizar la situación actual de Brasil en términos de “crisis”. En tal sentido, para evitar confusiones o digresiones, cuando decimos “crisis”, entiéndase no sólo una situación de peligro o adversidad, sino también, y acaso principalmente, una coyuntura de cambios sujeta a evoluciones e inestabilidades de largo alcance. 

Una cuestión que nadie puede omitir es que la ruptura del país trajo consigo la ruptura de la comunicación, y hoy discutir de política en Brasil puede costar una amistad o la excomulgación familiar. Restablecer el diálogo es una precondición para salir de este enredo. Y para ello, es necesario reorientar la problematización, a fin de ahorrar confrontaciones estériles, y, por consiguiente, evitar los “quiénes” y ponderar los “por qué”. Es decir, “recalcular” las trayectorias del debate, y dejar que la distribución de responsabilidades caiga por su propio peso sobre las espaldas de los actores. Esto de ninguna manera significa renunciar a la lucha por la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva. Pues si en Brasil prevaleciera un orden efectivo de justicia, Lula sería el último de los políticos en ameritar una condena, acaso junto con Dilma Rousseff. Y cabe insistir en esto, porque parece que algunos colegas todavía no entienden que el destino de Brasil depende, en gran medida, del desenlace del caso Lula. 

Los efectos de estos diez días de huelga de los camioneros, ilustran fielmente las dimensiones de la crisis en Brasil: calles fantasmales, autopistas obstruidas, escuelas desiertas, supermercados desabastecidos, aeropuertos colapsados, gente encolerizada. Si alguien, alguna vez se preguntó cómo paralizar una economía, sin hallar una respuesta plausible, Brasil ofrece una pista fehaciente. Sólo basta que los transportistas decreten una huelga –en esta ocasión como protesta por el alza al precio del combustible– para interrumpir, literalmente por cielo, mar y tierra, el funcionamiento del capitalismo, en un país que, como México (nótese que se trata de las dos primeras economías de Latinoamérica), autoboicotearon el desarrollo de servicios e infraestructura ferroviarios. ¡Extraordinaria lección que no sospechó nadie, ni los huelguistas! 

Pero el tema que nos ocupa es el de las causas de la “ruptura” del país. Y ya hemos adelantado que el problema se puede explicar en clave de “crisis”. De manera tal que la huelga es sólo un indicador –suma de todos los males–. Pero no se trata de una sola crisis, sino de una yuxtaposición de crisis –en plural–; como bien señala el título del artículo, básicamente una crisis tridimensional. Todas las razones y sinrazones esgrimidas por propios y extraños con respecto a la huelga de camioneros remiten, vaga e imprecisamente, a una de estas tres crisis, que a continuación resumo. 

a. La crisis económica 

Desde 2013-14, Brasil atraviesa una crisis económica que algunos especialistas –no necesariamente inocentes políticamente– califican como la “peor recesión en la historia del país”. Si tal aseveración es cierta, es discutible. Pero lo que sí es innegable es que la desaceleración fue acusada, que la economía se contrajo casi cuatro puntos porcentuales, que la tasa de desempleo escaló a 12%, y que la tasa de inversiones registro una caída de 14%, entre otros indicadores macroeconómicos a menudo invocados por la opinión pública. Los efectos de la crisis económica se resintieron fuertemente entre las franjas inferiores de la población, sobre todo tras el aumento al precio de ciertos servicios, como el transporte público (recuérdese las protestas de 2013). La crisis económica aglutinó malestares diseminados entre los eslabones más bajos de la población, sectores medios, y ciertamente las oligarquías del país, que no querían participar de la “distribución de riesgos” prescrita por la desaceleración (y las políticas tributarias del Partido de los Trabajadores) y preferían transferir el costo de la crisis exclusivamente a los estratos más vulnerables. La simultaneidad de la crisis y la Copa del Mundo de Brasil 2014, imprimió a la disconformidad una proyección internacional. Las élites nacionales capitalizaron la coyuntura, y, apoyadas por actores e intereses internacionales, orquestaron un juicio político (impeachment) para destituir a la presidenta constitucional Dilma Rousseff, presuntamente por el crimen de responsabilidad en el maquillaje de cuentas fiscales. En junio de 2016, el Senado Federal removió a Dilma del cargo en carácter definitivo. Michel Temer asumió interinamente el mando, y en cuestión de unos días puso en marcha un agresivo paquete de reformas que, contrariamente a lo anunciado, acabó por profundizar la crisis. Entre otras decisiones a todas luces draconianas, el gobierno de Temer congeló el gasto público por un plazo de veinte años, e impulsó una política de liberalización de los precios del combustible. Apenas un año después de las modificaciones, el costo del diésel se disparó. En los primeros meses de 2018, los transportistas solicitaron la instalación de una mesa de negociación para tratar el asunto con el gobierno. La administración de Temer ignoró la petición. Y el 21 de mayo estalló la huelga. 

b. La crisis institucional 

Frente a la crisis económica, las élites brasileñas respondieron con voracidad. En realidad, destituyeron a Dilma Rousseff porque su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), representaba un modelo de economía incompatible con la concentración de riqueza en tiempos de crisis. Incluso hasta los más entusiastas impulsores del impeachment contra Rousseff admitieron que había sido un “acto de venganza” (dixit Michel Temer). Y al menos esta parece haber sido la motivación de algunas fracciones de la clase política que conspiró. Pero la motivación de fondo, y que involucra a las oligarquías domésticas, grupos de presión y centros de autoridad internacionales, fue la desactivación política del lulismo-petismo y todo lo que ello entraña. Esto explica que, a la postre, enjuiciaran ilegítimamente a Luiz Inácio Lula da Silva, y dispusieran recluir en la prisión a la máxima figura política en la historia de Brasil (lo que por sí sólo es absolutamente vergonzoso). Está ampliamente documentado que la causa por la que juzgan a Lula es falsa, que la condena por la que lo detienen es fraudulenta (por “convicción”, dicen los jueces), y que la razón por la que lo encarcelaron no es otra sino la de proscribir al candidato que encabeza las preferencias electorales en las encuestas de opinión. A las élites del país no les importó barrer con la ya de por sí débil credibilidad de las instituciones. Se desmoronó la representatividad y la legitimidad de los mandos políticos. No hay un ápice de legalidad en las estructuras de gobierno de Brasil. 

La consigna que a menudo escoltó a la huelga de los camioneros fue la de “intervención militar ya”. Pero en realidad lo que subyace a esta peligrosa señal es una torpe reclamación de restauración de autoridad. El problema es que los actores e instituciones que pudieran restaurar “democráticamente” el orden, están arrinconados, recluidos, desmoralizados o satanizados. Y la única solución que la gente común puede imaginar es la solución militar. Adviértase que este es uno de los efectos más tóxicos de la llamada “judicialización de la política”, que está en curso en toda la región: a saber, que, ante el descrédito de los representantes políticos, la cosa pública la gestionen grupos, poderes e instancias que nadie eligió ni votó, y que, por lo tanto, estén libres de la responsabilidad de rendir cuentas a la población; por ejemplo, las fuerzas armadas, el poder judicial, los medios de comunicación, o los tres en alianza. 

c. La crisis política 

Conjuntamente las dos crisis antes referidas desembocaron en una fuerte crisis política, de la cual no se avizora una salida fácil. No sólo estamos ante un montaje judicial, una persecución política, cuyo propósito es alterar las próximas elecciones presidenciales: estamos ante una estrategia de disciplinamiento-ortopedia social con base en la proscripción de cualquier “salida democrática”. Como en Estados Unidos (gobernado por Donald Trump), el personaje que despunta en las encuestas en Brasil, sólo detrás de Lula, es un político (Jair Bolsonaro) que promete el retorno al añorado orden premoderno de los privilegiados, donde la política y el conflicto expiran por decreto unipersonal. 

La crisis política no es sólo una crisis de representatividad: es un cambio en las reglas del juego político. La judicialización de la política es la causa y efecto de esta reorientación. Hemos constatado que la conversión de la política en asunto judicial moviliza a la ciudadanía en torno a la voluntad de los grupos de poder. Es altamente efectiva porque consigue la aprobación del público para la alteración de las reglas del juego (apoyados con el estribillo de la “corrupción”). 

En este viraje, de los procedimientos electorales a los procedimientos judiciales, radica la posibilidad de imponer la tiranía por oposición a cualquier formato de negociación, que es exactamente lo que han querido instalar como lógica respecto a la huelga de los camioneros: es decir, la primacía de la ley y el orden, tal como intento Temer con el decreto del GLO (Garantía de la Ley y del Orden), y la habilitación del uso de la fuerza sin restricción ni contrapeso en la gestión de los asuntos públicos.

viernes, 18 de mayo de 2018

México 2018 [VIII]: tres escenarios posibles; descentralización de la administración pública; lecciones del sur

Arsinoé Orihuela Ochoa 

Derrotismo o los tres escenarios posibles 

Tras una larga campaña electoral teñida de un rotundo favoritismo lopezobradorista, y a pesar de los casi 20-30 puntos de ventaja del candidato de Morena en las intenciones de voto (según las encuestas, nunca confiables), y a tan sólo seis semanas de la elección, aún priva, entre no pocos votantes, la desconfianza acerca de un posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en los comicios del 1º de julio. “No lo van a dejar”, dice el estribillo, como si se tratara de una rencilla privada entre un “retoño desobediente” y su pandilla, y no una elección que involucra a la totalidad de los mexicanos que radican dentro y fuera de México. Cabe reconocer que ese ánimo derrotista no es gratuito. En México nunca se respetaron las preferencias de la población en una elección presidencial. Eso que llaman el “juego democrático”, en nuestro país trascurrió, con escasas variaciones, por trayectorias ominosas: elecciones de Estado (la larga noche de la “dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional), magnicidios o asesinato de candidatos (Luis Donaldo Colosio en 1994), transiciones espurias (Vicente Fox Quesada en 2000), flagrantes fraudes electorales (Carlos Salinas de Gortari en 1988; Felipe Calderón en 2006), y compra de voluntades con dineros provenientes de la delincuencia organizada (Enrique Peña Nieto en 2012). Este inventario de contravenciones a la voluntad de las mayorías desmonta la estúpida idea (otra modalidad de disfraz derrotista) de que “los pueblos tienen el gobierno que merecen”, que infelizmente es una prenoción que repiten al unísono “intelectuales” de derecha e izquierda. El conjunto de guerrillas o grupos políticos armados diseminados en la geografía nacional (todos ellos legítimos) aportan otro alegato lapidario de que los pueblos no admiten la condición de opresión a la que los condena un “mal gobierno”. En este sentido, y más allá de los posicionamientos políticos o estados de ánimo que suscriba cada uno, las evidencias e inercias permiten adelantar tres posibles escenarios para el próximo 1º de julio: (1) un triunfo apretado de AMLO; (2) un triunfo aplastante de AMLO; (3) un mega fraude electoral. 

Descentralización de la administración pública: la jugada destacada del partido 

Al final de un encuentro deportivo (e.g. un partido de fútbol), el equipo de locutores a cargo de la transmisión acostumbra votar por la “jugada destacada del partido”. Algunas veces, los comentaristas consiguen decretar, con antelación al final del juego, el “highlight” de la ocasión. Esto acontece cuando una acción temprana cambia sensiblemente el curso del trámite. 

Extrapolando esta lógica al escenario de la elección en puerta, estimo que la “jugada destacada del partido”, el acontecimiento que altera el procedimiento rutinario de las promesas vacías, y que desvertebra el reparto de facultades en el organigrama del poder público, es la propuesta de descentralizar la administración pública federal en función de las prioridades/contribuciones de cada estado o región. Es una reactualización de las estructuras públicas, para homologarlas con la desconcentración económica (que no es lo mismo que la hiperacumulación, el epifenómeno del neoliberalismo) que atravesó el país en los últimos 50 años, con polos industriales ubicados en las regiones norte y bajío del país, centros turísticos reunidos alrededor de la Riviera Maya, o las desguarecidas sedes de producción petrolera, que podrían recuperar un poco de la soberanía arrebatada en el ciclo neoliberal. 

La apuesta es transitar de la actual feudalización político-económica (poder económico desconcentrado-poder político hipercentralizado) a una descentralización o federalismo más o menos genuino. Y esta propuesta, que claramente atrae a las élites provinciales, es la razón por la cual AMLO no desciende en las preferencias electorales, aún cuando su voto duro se concentre en la capital y alrededores. 

El progresismo o las lecciones del sur 

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva –acaso la figura de la izquierda más elogiada por propios y extraños– está en la cárcel. Cristina Fernández de Kirchner resiste una virulenta persecución judicial en Argentina. Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, fue inhabilitado políticamente en por una confabulación caprichosa del oficialismo. Y otros tantos líderes del progresismo en Sudamérica atraviesan situaciones de acoso y cacería sin precedentes. 

México no puede ignorar las lecciones del sur. La política de “conciliación de clases” es una bomba de tiempo. No se puede construir un programa político sostenible, en beneficio de las mayorías, sin tocar los privilegios y las fortunas concentradas. No es posible conquistar la soberanía, la justicia social y la paz sin una transformación de fondo. Es necesario alterar el reparto del orden jerárquico, desactivar la guerra contra la población, alfabetizar políticamente a las bases populares, pluralizar las fuentes de información, y recuperar el control de las industrias estratégicas. 

El progresismo que representa AMLO acaso encierra el mismo peligro que los progresismos del sur: la eventual derechización del voto y el ascenso de un fascismo social, como ya se advierte en Brasil y Argentina. 

México no puede ignorar las lecciones del sur. Sin renunciar a votar por AMLO, es necesario rebasar, por el flanco izquierdo, a AMLO.

domingo, 29 de abril de 2018

México 2018 [VII]: votar masivamente por AMLO; desbordar a AMLO

Arsinoé Orihuela Ochoa

El espectáculo del primer debate fue francamente grotesco (¿dantesco?). Básicamente destacaron dos realidades, que acaso ningún observador mínimamente alerta osaría objetar: uno, que está en marcha una acción concertada –diseñada por la élite gobernante– contra el candidato que encabeza arrolladoramente las preferencias electorales, Andrés Manuel López Obrador (y no es conspiracionismo; no hace falta más de dos dedos de frente para advertir la maquinación); y dos, que, por casi un siglo, las clases gobernantes (incluidos los gobiernos de la novelesca “transición”) reprodujeron su estancia en el poder con base en la exclusión de “los mejores hijos de México”. 

La peor ralea de fariseos: corruptos, criminales, asesinos, mediocres de cabo a rabo, demagogos, estultos e ignorantes, gobernaron el país a su antojo y con escasos contrapesos. La gobernabilidad de la “dictadura perfecta” involucró decisivamente el aplastamiento sistemático de nuestras facultades, atributos e inteligencias. Asistimos al estadio más acabado de la degradación de la política nacional. El debate (dislate) presidencial es un signo inequívoco de esa descomposición, que a más de uno debió provocarle riesgos de embolia cerebral. 

Insisto que las únicas dos conclusiones que arroja ese remedo de ejercicio boxístico fueron, por un lado, el compló anti-AMLO, de menor escala, y por otro, el compló a escala ampliada, que consiste en la acción unificada de un conjunto de fuerzas e intereses que están dispuestos a llevarnos a la inmolación material, moral y cultural. No hace falta referir a los pormenores de lo ocurrido en el debate, porque eso significaría seguir estrujando una herida que supura a chorros, tal como haría una persona perturbada que recapitula hasta el hastío un episodio traumático para autoboicotear su sanación. 

De estas dos conclusiones antes referidas, resulta una enseñanza que debe ascender a plan de acción nacional, a saber: la obligatoriedad de votar masivamente por AMLO en la próxima elección –aun cuando no se trate exactamente del líder más carismático o convincente, y a pesar de la tibieza de un programa que aspira a gobernar a “ricos y pobres” (¡sic!)–; y la no menor responsabilidad de desbordar a AMLO por el flanco izquierdo una vez que gane la elección. 

AMLO es la posibilidad de un desbordamiento de las agendas sociales, largamente incubadas en la entraña de la sociedad mexicana, hoy postrada por un baño de sangre y un ciclo infernal de destrucción. Acaso allí radica el trillado “miedo” de las élites económicas, y de las castas políticas enquistadas parasitariamente en la ubre del Estado: que el programa de AMLO habilite la irrupción de las “clases peligrosas” (o en el argot peñanietista: “la prole”). 

Hasta ahora (insisto: hasta ahora), a los dueños del dinero les cautiva la idea de desmontar a “la mafia del poder”, porque esa “pandilla de malandros” (sic) ha acumulado tanto poder que está obstruyendo la dinámica de los grandes negocios (especialmente esa fracción de la “mafia” que se apoya fuertemente en el factor narco; y eso explica que AMLO proponga una amnistía, que en sentido estricto es una fórmula para “capturar” los dineros del narco sin la colateralidad de la violencia del narco). El temor, no obstante, es que ese “desmontaje” desencadene “al tigre” (dixit AMLO), es decir, al México subalterno. 

En cualquier caso, los ricos y poderosos tienen un “plan B”, mucho más tóxico e infinitamente más lesivo: la alianza PRI-PAN-PRD-MC-etc… Y la inclinación por ese “plan B” depende de la correlación de fuerzas que de aquí a la elección prevalezca. El voto-aprobación de las mayorías juega un rol clave en esta elección. Solamente un apoyo masivo a AMLO inclinaría la balanza en favor de éste, y en favor de una oportunidad que, por razones estratégicas, los electores en México no pueden desaprovechar. Alguien (si no mal recuerdo fue Malcolm X) escribió que, si un pueblo tiene la posibilidad de cambiar el curso de la historia en una elección y no lo hace, ese pueblo está enfermo. (Además, entiendo que la venganza no goza de buena prensa, y, desde ya, alcanzo a escuchar las feroces objeciones de los beatos demoliberales, pero, cumple preguntar: ¿acaso un triunfo de AMLO –el némesis que tanto temen los ultraconservadores– no significaría una especie de venganza en plato frío contra Carlos Salinas de Gortari –el primer golpista neoliberal?) 

Por último, cabe prevenir que la primera parte del plan de acción nacional –votar masivamente por AMLO–, involucra a sectores e intereses de arriba y abajo. La segunda parte –desbordar a AMLO– es la agenda de la “prole”; la empresa que, silenciosamente, impulsan los actores organizados que militan abajo y a la izquierda. 

viernes, 13 de abril de 2018

Ni “chavismo” ni “lulismo” sino todo lo contrario: el imperio contraataca

Arsinoé Orihuela Ochoa

Los imperios han existido a lo largo de toda la historia. Y esto lo sabe hasta un niño que cursa la educación básica. Sin embargo, el concepto de “imperialismo” siempre ha “adolecido” de mala prensa, excepto allí donde las dirigencias políticas conquistaron a sangre y fuego el derecho a proferirlo públicamente. Actualmente, y casi en cualquier ámbito, el uso de este término provoca urticaria por “panfletario” e “inelegante”. Y aunque se admita que ha sido objeto de falsificación o derroche verborréico, “imperialismo” es un concepto absolutamente legítimo porque connota y denota algo preciso: a saber, la capacidad de controlar, influir o dirigir con éxito lo que hacen otros pueblos o naciones más débiles, sin costo político o sanción para el agresor. Y si alguien piensa que esto es puramente ideológico, sólo basta acudir al caso que acapara en este momento la atención del mundo: la encarcelación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. 

El debate sobre el caso Lula recorre básicamente tres coordenadas: uno, que se trata de un escenario exitoso de aplicación de la justicia; dos, que la condena-aprehensión es parte de una maquinación judicial fraudulenta (“lawfare”) para inhabilitar electoralmente al principal adversario de las elites brasileñas; y tres, que Lula da Silva es un aliado del capitalismo global que está cosechando lo que sembró por el contubernio con los poderes constituidos. La primera posición no se sostiene, por la sencilla razón de que no existe evidencia que convalide el acto de presunta corrupción que le imputan al líder del Partido de los Trabajadores. Los propios jueces alegaron que “no tienen pruebas, pero tienen convicciones” (¡sic!). La segunda posición es casi tautológica, porque una derecha golpista o no-institucional –como la que gobierna Brasil– sólo dispone de recursos extraconstitucionales e ilegítimos para expandir sus privilegios. Vale decir: es el comportamiento natural del ultraconservadurismo, que nunca respetó la institucionalidad. Y, “last but not least”, la tercera posición, que generalmente corresponde al intelectual de escritorio que juzga todas las realidades en abstracto, e ignora que, hasta antes de Lula, Brasil era sencillamente una esclavocracia (que, por cierto, los ultraconservadores aspiran a reeditar). 

Y aunque es a todas luces evidente que Lula es víctima de una persecución criminal, lo cierto es que la lección más relevante ha sido desterrada de la discusión: a saber, que nuestra región –Latinoamérica– continúa despojada del derecho vital de conducir un cambio social o político, en cualquiera de sus modalidades o variantes. 

En el siglo XXI germinaron esencialmente dos programas de cambio en la región, que por razones prácticas juzgué oportuno agrupar en dos categorías, en función de los líderes que protagonizaron esos procesos de transformación: “chavismo” y “lulismo”. Es innecesario señalar que ninguna de las dos propuestas alcanzó el grado de radicalidad de la revolución cubana. En sus orígenes, el “chavismo” impulsó un programa económico de inspiración keynesiana, acaso reformulado con arreglo a un ideario político bolivariano. Es decir, nada que no se hubiera explorado anteriormente en el continente. Por otra parte, el “lulismo” apostó por un programa típicamente demoliberal o socialdemócrata, que consistió en expandir los derechos de los más desfavorecidos, pero sin tocar la renta de los segmentos más privilegiados. Es decir, nada que no se hubiera puesto en práctica en el mundo desarrollado, especialmente en Europa, y cuyo único propósito era elevar los estándares de vida de la generalidad de la población. 

¡Qué herejía! Lo que en aquellas naciones es un derecho elemental, en América Latina es un privilegio de pocos. 

Hoy, el “chavismo” es objeto de una asfixia económica salvaje, concertada por las élites domésticas e internacionales, y tan sólo equiparable con el cruel boicot financiero-comercial que desde Estados Unidos se orquestó contra Cuba. Y el “lulismo”, que se cansó de respetar la legalidad e institucionalidad burguesa, hoy está prácticamente proscrito, y su líder tras las rejas. Como dicen (vulgarmente) en México, a las élites del poder “ningún chile les embona”. 

La lección es lapidaria: el imperio contraataca. No es una fabricación ideológica. América Latina no conquistó todavía el derecho a decidir sobre su destino. Ni “chavismo” ni “lulismo” sino todo lo contrario: imperialismo sin concesiones ni disfraz.

viernes, 6 de abril de 2018

Brasil: la conspiración de las cucarachas

Arsinoé Orihuela Ochoa

Habitamos una época de división política aguda. Nadie puede objetar seriamente esta condición contemporánea. Es difícil encontrar puntos de consenso o convergencia, incluso dentro de los círculos de confianza, los amigos o la familia. Los instrumentos de comunicación no ayudan a sortear el divisionismo. Por el contrario, las fuentes de información provocan-potencian el desconcierto, produciendo viralmente noticias falsas. La noticia falsa no es una ocurrencia inédita. Existe desde tiempos inmemoriales. Acaso la novedad es la “viralidad” de la mentira. No obstante, y a pesar del entorno de desencuentros e intrigas, prevalece la certitud generalizada acerca de algunas cuestiones que se antojan más bien triviales, pero que, por lo menos para la ocasión, pueden ayudar a graficar una alegoría en un contexto de perversión e inexactitud palabraria. 

Por ejemplo, nadie contradice la idea de que el único ejemplar animal que consigue sobrevivir a cualquier clima, circunstancia, ecosistema o superficie es la “blattodea”, conocida popularmente como “cucaracha”. De hecho, hasta ahora no se ha descubierto ningún antídoto altamente eficaz para el control de población de esa plaga. 

Se sabe, además –y para asombro de no pocos–, que la cucaracha puede sobrevivir a una disección de cabeza por un largo período de tiempo. No es accidental que la cucaracha común tenga una cabeza pequeña –prescindible– y largas patas espinosas. Irónicamente, este insecto tiene alas, pero no puede volar, salvo en casos extraordinarios. 

Los “blatodeos”, o “baratas” como las conocen en Brasil, resisten volúmenes formidables de radioactividad. De allí proviene la leyenda urbana de que resistirían los efectos de una guerra nuclear.

Aunque aptas para soportar altas dosis de radiación, estos insectos carecen de un mecanismo regulador de temperatura. Esto ocasiona que, en un entorno de calor hostil, caigan fácilmente en desesperación, y no pocas veces mueran boca arriba. 

Por cierto, esta posición “patas arriba” también es un recurso de simulación al que acuden como mecanismo de defensa, para eludir, por la táctica del disimulo, los riesgos que entraña el mundo exterior. 

Curiosamente –y talvez esto no lo saben todos–, las cucarachas tienen antenas porque son ciegas, y eso explica que su actividad se desarrolle primordialmente en la noche, mientras otros duermen, y que acostumbren vivir atrincheradas en alguna grieta, esperando el momento oportuno para irrumpir en domicilios extraños, asaltar contenedores de basura y atormentar a incautas doncellas. 

También, es de dominio común que este insecto no provee ningún beneficio a la comunidad humana, y que su infestación se explica por el error –humano– de ignorar las consecuencias de los actos: por ejemplo, la formación de irreflexivas sociedades de consumo que propician altos contenidos de residuos antihigiénicos o llanamente tóxicos. 

Pero no sólo no proporcionan ningún beneficio a la comunidad humana. Estudios recientes, señalan que las secreciones que producen las cucarachas contienen alérgenos que provocan trastornos en las personas. Peor aún: los científicos consideran que esta población de insectos es uno de los principales vectores de transmisión de enfermedades en los seres humanos. 

Los especialistas advierten que las cucarachas han cambiado poco o nada desde su aparición en el Carbonífero, hace 300 millones de años. Esto sugiere que se trata de una especie que nunca evoluciona, pero tampoco se extingue. 

Y aun cuando se trata de insectos perjudiciales para la salud pública, llama la atención que, en casos de sobrepoblación, la gente llega a acostumbrarse a su presencia. En Estados Unidos, por ejemplo, sólo un 10% de los hogares encuestados admitió que las cucarachas representan una amenaza para la salud familiar. Es como si, a base de comparecencia cotidiana, su presencia se naturalizara. 

En Brasil, 20% de los adultos en edad de votar piensan que las cucarachas deben gobernar. 

La historia de las cucarachas podría resumirse con un adagio popular: lo que no mata fortalece. 

Tengo el recuerdo de un viejo amigo que, en su insondable soledad, acostumbraba ponerle nombre y apellido a las cucarachas que visitaban su casa. Yo, en mi feroz desconsuelo, decidí hacer lo mismo. Elegí, para las primeras cinco inquilinas, los siguientes nombres: Michel Temer, Eduardo Cunha, Sergio Moro, Rodrigo Maia y Jair Bolsonaro. 

#LulaLivre


http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=180406_115722_010

viernes, 23 de marzo de 2018

México 2018 [VI]: acerca de por qué asesinan candidatos

A propósito de una entrevista reciente con el periódico Tiempo Argentino (https://bit.ly/2IMB5vC), que versó sobre el asesinato de candidatos en México en el marco de la campaña electoral en curso, juzgué oportuno recoger algunas de las reflexiones que arrojó la ocasión y presentarlas en formato extendido. 

Es habitual que en México estos fenómenos –asesinatos en general, y asesinato de candidatos en particular– pasen inadvertidos; o bien, que una franja mayoritaria del público minimice el hecho en sí y/o sus efectos colaterales. La violencia es la divisa dominante de la política nacional, tanto en la modalidad de represión llana y abierta como en la acción consuetudinaria de las instituciones, que, sin moderación, quebrantan el orden constitucional a su antojo. Y este alud de criminalidad e ilegalidad concertada desde las instituciones acaso explica el fenómeno de la “naturalización” del maridaje violencia-política. Por cierto, esta violencia política está íntimamente entrelazada con la violencia social. Y, por ello, el tema cobra una importancia mayúscula. 

Con base en esta premisa, y sin descuidar la decisión política que desencadenó la barbarie en México –la guerra contra el narcotráfico–, extiéndome sobre el asunto en cuestión. 

T.A.: ¿Se recrudeció el asesinato de candidatos en México o es similar a otros momentos? ¿Qué explica estos asesinatos? 

A.O.: El asesinato de candidatos como recurso para determinar el resultado de una elección no es una rareza ni un procedimiento inédito en la “democracia electoral mexicana” (nótese el entrecomillado). Los procesos de democratización en los países discurren por diferentes caminos. Y lo primero que hay que entender es que en México nunca ha habido una democratización de los canales institucionales-electorales, aun cuando es posible consignar una relativa pluralización del sistema de partidos. Rotación de élites sin cambios sustantivos ni canalización institucional de las demandas sociales: esa es la fórmula. 

Cabe recordar que la Revolución Mexicana estalló bajo la consigna de “sufragio efectivo, no reelección”. Y si bien la insurrección consiguió la abrogación de la reelección, la efectividad del voto popular nunca se cristalizó. De hecho, la crisis de violencia en el país es fruto –entre otros factores– de una octogenaria acumulación de procesos electorales fraudulentos, en la que los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular es una norma más que una excepción. Tal vez el caso más emblemático es el asesinato del candidato presidencial (puntero) Luis Donaldo Colosio, en las vísperas de la elección federal de 1994. A propósito de este caso, existe una multiplicidad de interpretaciones. Pero casi todas coinciden en señalar el involucramiento de actores del Estado profundo (conciliábulos militares), dinastías familiares del propio partido político –Partido Revolucionario Institucional (PRI)– y el narcotráfico. Y todos los actores referidos continúan decidiendo los destinos del país. 

En este sentido, el recurso de la violencia o eliminación física de candidatos sí es similar a otros momentos. Pero también es cierto que ha habido un agudo recrudecimiento. Justamente porque las fuerzas armadas, las añejas dinastías familiares y el narcotráfico han acumulado cuotas extraordinarias de poder, especialmente en el último decenio. La guerra contra el narcotráfico que decretó el expresidente Felipe Calderón en 2006, tan sólo 10 días después de la toma de protesta, y acaso como una estrategia para aplastar por la fuerza las denuncias de fraude en su contra, provocó un desencadenamiento de una violencia sin parangón en el país. La guerra, que nunca fue contra el narcotráfico porque hoy éste es el actor dominante en la política nacional, habilitó un escenario bélico que propició el fortalecimiento de las fracciones más criminosas del poder político –jerarcas militares, dinastías familiares, narcotráfico–. El fraude electoral de 2006 acarreó la guerra. Y el costo humano fue altísimo: 200 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos, millones de familias desterradas de sus territorios o comunidades, y la normalización del terror, la criminalidad y la corrupción. 

Esa violencia a gran escala también alcanzó a la clase política y las instituciones. Y esto explica que tan sólo en los últimos cuatro meses hayan sido asesinados más de 30 aspirantes a cargos de elección popular. La OEA recientemente denunció que en México es asesinado un candidato cada cinco días. Si esto aconteciera en Venezuela, no es tan difícil imaginar el escozor internacional que provocaría. Pero como acontece en México, donde la barbarie está naturalizada, nadie respinga, con excepción de unas escasas expresiones de “preocupación”. 

En México, la gente acostumbra decir, en la antesala de una elección, que el país “se va a llenar de muertitos”. Adviértase que este clima electoral homicida es común (de ninguna manera normal). No obstante, cabe insistir que el ascenso del narcotráfico a clase gobernante potencializó aparatosamente la virulencia de los asesinatos políticos. Sólo a modo de ejemplificación: cuando un candidato visita la comunidad o jurisdicción para la cual está compitiendo, el narco acostumbra secuestrar las unidades vehiculares en las que se transporta el candidato y su círculo de trabajo, incluidos reporteros y personal de prensa. Se trata de un secuestro exprés que consiste en concertar ex profeso una entrevista entre el jefe narco de la “plaza” (territorio de operación de algún cártel) y el candidato en cuestión, con el propósito de coordinar a priori la “agenda de cooperación” entre el futuro funcionario y las organizaciones criminales. Esto ocurre rutinariamente en todas las geografías del país. Y las desavenencias se están pagando con sangre. En la escena política nacional rige la “ley narco”: plata o plomo. Desde el punto de vista del neoliberalismo sin reservas, que profesa el culto de la superioridad de los mercados por encima de cualquier acción del Estado, México es la utopía. 

No pocas veces los narcotraficantes responden a “encomiendas” de ciertas fracciones del aparato político-institucional. También el narco efectúa tareas de contrainsurgencia. Es un pacto de reciprocidad concertado por narcotraficantes y gobernantes dedicados al bandidaje de Estado. En este sentido, no es gratuito que los candidatos más perseguidos a sangre y fuego generalmente provengan de las filas del partido de oposición; pero definitivamente no son lo únicos. Porque el problema rebasa los marcos puramente electorales. El problema de fondo es el ascenso del narcotráfico a clase dirigente. 

T.A.: ¿Cómo impacta esta violencia en la participación electoral y los resultados? 

A.O.: El impacto es directo y determinante. Esa es la idea de los asesinatos: afectar la participación electoral y los resultados. 

En relación con lo primero –la participación electoral–, es evidente que el clima homicida alimenta el abstencionismo. En México el voto no es obligatorio. Y, con frecuencia, a los comicios sólo asiste entre el 20 y el 40 por ciento del electorado. Naturalmente, el asesinato de candidatos provoca un terror que aleja al público de las urnas. 

Y con respecto a lo segundo –los resultados–, sencillamente prevalece la voluntad de los intereses privados, a menudo criminales. Y el narco y clase política delincuencial consiguen actualizar la continuidad de eso que llamo el “narcoestado”, en detrimento de lo que uno podría llamar la “voluntad general”. En México, nadie llega a un puesto de gobierno clave sin el consentimiento del crimen organizado. Ese es el impacto más inmediato. 

Y el impacto mediato, es la sostenida desmoralización política de una población civil condenada por las clases gobernantes a habitar en condiciones de terror permanente y parálisis social. 

T.A.: ¿Algo que agregar? 

A.O.: Urge frenar la sistemática práctica del régimen de sellar con fraude los procesos electorales. Esa es la tarea política de 2018. Este año el país se juega la vida. Y no lo digo metafóricamente. El derecho a la vida en México es lo que está en disputa en la elección de 2018.



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México 2018 [V]: ¿Y qué va a hacer AMLO con el narco?

viernes, 2 de marzo de 2018

México 2018 [V]: ¿Y qué va a hacer AMLO con el narco?

Arsinoé Orihuela Ochoa 

Irónicamente, al igual que en la antesala de 2012, pero en esta ocasión en beneficio de la “oposición” (el entrecomillado responde a un gesto obligado de reserva por las inexcusables componendas en curso del “Movimiento”), reina una certeza sonora con respecto a un irrefrenable triunfo del candidato puntero (en las encuestas, la opinión pública, el “rumor” ciudadano), Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Es cierto –y esto cabe resaltarlo– que el “candidato-presidente” de turno no cuenta con el apoyo de la prensa monopólica (en un país que ocupa el primer lugar en concentración de medios de comunicación a escala mundial), como si sucedió flagrantemente en la elección de 2012, cuando ganó –no sin ignorar la compra de 5 millones de votos– Enrique Peña Nieto. “AMLO va a ganar la presidencia”, dice el clamor popular sin vacilación. Y ante esta certitud lapidaria, la gente comienza a formular preguntas acerca de cómo sería un gobierno de AMLO en el México actual. Acaso una de las preguntas más frecuentes es “qué va a hacer AMLO con el narco”. Y esa pregunta es la materia de esta reflexión. 

Muchos analistas han señalado –con absoluta razón– la obstinada ausencia de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico en los discursos de los candidatos. Coincido que tal actitud es inadmisible, a todas luces vejatoria para una sociedad que ha sido castigada por cuotas inenarrables de criminalidad, violencia e inseguridad en el último decenio. En México existen centenares o miles de Ayotzinapas anónimos condenados al olvido institucional. Por cierto, cabe hacer notar que la prioridad de esta columna ha sido documentar ese inventario de crímenes atroces que ensangrentaron el suelo nacional. Y la barbarie no ceja. Tan sólo en 2017, de acuerdo con Amnistía Internacional, la ola de violencia en México cobró la vida de 42 mil personas, en la modalidad de homicidio doloso. Las cifras gubernamentales reportan 34 mil 656 desaparecidos. En materia de periodismo, 2017 fue el año más violento, con 12 comunicadores asesinados. Reporteros Sin Fronteras denunció que “México es el país en paz más peligroso del mundo para los reporteros” (francamente desconozco qué concepto de “paz” abrazan en RSF). Y el secuestro, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales registran índices de horror. En suma, un país asolado por una violencia sólo equiparable con teatros de guerra apocalípticos o feroces dictaduras militares. Pero los candidatos ni por asomo refieren a esta emergencia nacional. Y a menudo los propios analistas conjeturan que se trata de un descuido o una omisión negligente. O concluyen que el narco no figura por “error” en las alocuciones de los candidatos. Pero tal inferencia es falsa. Por el contrario, el narco –acaso junto con Donald Trump– es la sombra obscena que recorre toda la elección de 2018. 

Lo primero que hay que entender es que el narco es un actor político tan poderoso que “asiste” encriptado a la campaña. Difícilmente un candidato en Estados Unidos alude explícitamente a los barones de Wall Street. Lo mismo acontece en México respecto al narco. El narcotráfico en México es clase gobernante (dominante). Y tras el desmantelamiento de la planta productiva industrial y del campo, por cortesía del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no es tratado ni es libre ni es comercial, el narcotráfico ascendió a la primera posición en el escuálido inventario de ingresos nacionales. No es accidental que desde inicios de 2000 hasta la fecha, 21 ex gobernadores han sido acusados de asociación delictuosa con el narcotráfico. El narco es un actor estatalizado, enquistado en los circuitos formales de la economía y la política. A esta estatalización –prohijada por el “partido”, señaladamente por el clan Salinas– se yuxtapuso un proceso de hiperpolitización del actor narco, producto de la declaratoria de guerra –decretada por el clan Calderón. Hoy es virtualmente imposible identificar una instancia institucional que no esté operativamente articulada a la órbita del narcotráfico. Esto explica que el narco asuma un comportamiento “estatal”, cobrando impuestos, efectuando tareas de contrainsurgencia, ensayando estrategias de comunicación con el público (narcomantas, narcoblogs, narcoseries), reclutando comandos militares de élite, conquistando territorios por la fuerza, invirtiendo en obras públicas, desarrollando proyectos turísticos e infraestructurales, financiando campañas políticas etc. México es un narcoestado. Y no es una consigna. It’s a fact

En este sentido, la pregunta acerca de qué va a hacer AMLO con el narco es absolutamente pertinente. Y una lectura a botepronto de los mensajes encriptados que sobre el tema ha deslizado permiten dos inferencias: 

1. Los incautos enfurecieron cuando AMLO propuso amnistía para los narcotraficantes o delincuentes. Si aceptamos la tesis de que el narcotráfico es clase gobernante en México, cabe entonces reconocer que el indulto ya había sido extendido con anterioridad, cuando anunció que no perseguiría a ninguno de los integrantes de “la mafia del poder”. En lenguaje descodificado, esto básicamente significa que la propuesta es desalojar al actor narco de las posiciones clave del Estado, no sin la posibilidad –y en esto consiste la amnistía– de que continúe el negocio en la extraestatalidad, tal como ocurría antes del “salinato”. Es decir, la idea es desterrar de la institucionalidad pública al narcotráfico. 

2. El plan de un “regreso escalonado” de los militares a los cuarteles apunta a refrenar u obstruir el proceso de hiperpolitización del narco que atizó la guerra. Es tal vez la disposición que más ostensiblemente trastocaría las estructuras del narcotráfico contemporáneo, justamente porque provocaría una despolitización-desmilitarización del actor narco, y, por consiguiente, una rendición parcial al control estatal. 

En resumen, una respuesta apenas incipiente (e hipotética) a la pregunta de qué va a hacer AMLO con el narco, y en atención a las señales codificadas antes referidas, es que la propuesta del candidato (hasta ahora sólo eso: una llana propuesta encriptada) es desmontar parcialmente el maridaje del narcotráfico y las instituciones públicas, con base en la desestatalización (destierro+amnistía) y la despolitización (fin a la guerra) del narco. No obstante, es altamente probable que en la negociación con la alta jerarquía de las fuerzas armadas, y a modo de concesión, autorice la continuidad de la Ley de Seguridad Interior, que habilita el escenario para una creciente militarización de las estructuras de seguridad (inteligencia, procuración de justicia etc.) pero sin militares en las calles.