domingo, 29 de abril de 2012

Democracia: Turbio fondeadero


En el marco de las elecciones intermedias de 2009, escribí: “[Las elecciones] son un dispositivo para alcanzar la legitimidad [de un orden], un ejercicio simulado para dar legalidad a la democracia republicana… no la voluntad consensual de una comunidad o un pueblo”. Un rocío de voces furibundas objetaron visceralmente este argumento. Empero, cabe apuntar que a tres años de aquella inusitada polémica, la postura de un servidor no ha cambiado un ápice, no obstante las acusaciones que mancillaron mi argumentación, calificándome sin conocimiento de causa de ‘pesimista’. Recuérdoles a los obstinados, el revelador enunciado de Mario Benedetti: “El pesimista es un optimista, pero bien informado”. Felizmente, me complace descubrir que aún no he caído presa de la premonitoria sentencia de José Emilio Pacheco, a saber: “Ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años”. Y espero no incorporarme, al menos prontamente, a ese club de veteranos complacientes a los que hace referencia el insigne escritor. Dicho esto, sólo queda confiar que no se malinterprete el punto que he de externar en relación con las elecciones: más que un alegato reivindicatorio de este “ejercicio cívico”, propóngome poner en evidencia sus inconsistencias.

Si bien el voto y su fundamento ideológico, la democracia, presumen de un ejército insospechado de prosélitos que se asumen como promotores de este derecho, es preciso reconocer que a más de un poderoso le incomoda esta práctica popular. Sirviéndose de una extensa gama de argucias ratoneras, los círculos contiguos al poder coaccionan la intención de voto, teledireccionan las preferencias del votante, o bien, retiran y/o alienan el derecho a asistir a las urnas.

 En el primer caso, es más que evidente la censura que se aplica a los candidatos “peligrosos”, esto es, a los aspirantes que suponen ya no “un cambio verdadero”, como evoca acaso exageradamente el slogan de la oposición, sino inclusive una minúscula reforma gatopardista al entramado institucional. Las premisas operacionales del régimen político mexicano (que no sistema) no armonizan siquiera con los cambios moderados a mediano plazo. Están circunscritas a una lógica que contraviene hasta los criterios más elementales de la participación ciudadana.

 En el segundo caso, el sesgo ostentosamente parcial de los medios de comunicación, en provecho de uno de los candidatos, es una variable constante en tiempos electorales. La desafortunada aparición de las encuestas, sumado al apoyo irrestricto que goza el contendiente beneficiario (Enrique “el iletrado”) en los espacios televisivos, violan sin rubor el opaco derecho a elegir “libremente” (precepto orgánicamente adulterado).

Y en el tercer caso, remítome a una experiencia personal, que puntualmente ilustra el inicuo retiro del derecho a votar. Presa de la inseguridad que campea en las calles, fui despojado, después de un asalto a mano armada, de mis precarias pertenencias personales. Evidentemente, lo más valioso que extravié tras el incidente fue la cartera con Credencial de Elector incluida. Cuando quise solicitar una reposición en el módulo correspondiente, me negaron la tramitación pretextando improcedencia por razón del calendario electoral. Inquirí a la responsable: ¿O sea que no sólo me retiran mi derecho a la seguridad, sino que también me inhabilitan el derecho político más elemental –aquel de votar? La señorita me miró perpleja, y espetó: “Pues obviamente sin credencial no puede votar”. Pensé: lo bueno es que se preocupan por inculcar la asistencia a las urnas.

 No importa cuán extraordinariamente limitado es el alcance político-social del voto ciudadano, lo cierto es que ni esta desteñida concesión está dispuesta a respetar la decadente autocracia nacional.
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